El recaudo fiscal en Colombia

En 2020 el déficit fiscal aumentó hasta casi el 9% del PIB debido a la deuda que tuvo que adquirir el gobierno para enfrentar la pandemia. Sin embargo, antes de la pandemia del COVID-19 Colombia ya tenía un déficit fiscal estructural del 2% del PIB. Pero ¿a qué factores se debe este déficit?

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En primer lugar, debido a la estructura productiva con una alta dependencia a la exportación de materias primas, especialmente petróleo, hace que la economía nacional sea altamente sensible ante las caídas del precio internacional, tal como ocurrió con el desplome del barril de petróleo entre 2014 y 2015. De acuerdo con los profesores Jorge Espitia, Cesar Ferrari y Gonzalo Hernández, de las facultades economía de la universidad del Rosario y la Javeriana, como consecuencia de este choque se produce un efecto dominó en el cual se reduce el ingreso de divisas, devalúa la tasa de cambio e incrementa los precios de los bienes y servicios transables, la economía se desacelera y los ingresos tributarios disminuyen.

Sin embargo, se considera que hay más causas estructurales por las que Colombia tiene un recaudo fiscal ineficiente como es la falta de equidad entre la recaudación entre personas jurídicas y naturales, pues de acuerdo con Mauricio Santa María, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) la tributación directa continúa fuertemente recargada sobre las personas jurídicas (alrededor de 80% del total), comparado con las personas naturales (solamente 20%), argumentando que la reforma tributaria que busque equilibrar esta disparidad no debe ampliar la base de contribuyentes sino darle mayor progresividad al sistema. También el sistema actual se caracteriza por tener unos costos muy elevados para la recaudación de los impuestos, se estima que entre el 10% y el 15% del total recaudado se destina solamente a costos administrativos; Además factores como las altas tasas de evasión y elusión de impuestos o los pequeños impuestos como el 4x1000, que desincentivan la bancarización y la promoción de una economía formal, por lo cual persistirá la ineficiencia al menos en el mediano plazo.

Pero, se hallan también razones políticas que generan aún más ineficiencias como una política fiscal procíclica adoptada por los últimos gobiernos y que fue auspiciada por la bonanza petrolera, es decir que cuando el barril de petróleo tuvo un alto precio las regalías obtenidas se gastaron evitar el trámite de una reforma tributaria impopular entre los ciudadanos. También, las exenciones tributarias en el impuesto de renta a grandes fortunas o la exclusión de la base gravable del IVA a productos de industrias como es el caso de las bebidas azucaradas, algunos analistas estiman que sin estas exenciones se podría recaudar cerca del 8% del PIB.

Luego, todas estas ineficiencias se han traducido en un enorme déficit fiscal bajo el cual el gobierno no tiene la capacidad financiera para dotar la economía con los bienes públicos que esta requiere para su crecimiento ni tampoco los servicios públicos para atender las necesidades de las población vulnerables, y esto último se tradujo en un histórico desfinanciamiento de la salud y la educación pública, que incidió negativamente sobre la calidad de vida de las poblaciones rurales y fomentó el aumentó la brecha de desigualdad en el país.

También, la falta de bienes públicos en términos de infraestructura vial, férrea y portuaria hace que por ejemplo el sector agrícola, en el cual se considera que Colombia tiene un gran potencial dadas sus condiciones climáticas, sea poco competitivo debido a los altos costos generados por la falta de buenas vías de comunicación para llevar a los puertos de exportación, en las costas, lo que se produce al interior del país.

Ahora, dado el impacto que ha tenido la crisis del COVID-19 y su consecuente aumento del gasto público por parte del Gobierno para atender esta emergencia sanitaria y económica es necesario pensar en una reforma fiscal de tipo estructural que logre eliminar todas estas ineficiencias, que responda al contexto real de las necesidades de la población y que haga que el pago de la deuda que se ha adquirido para atender esta coyuntura sea sostenible en el mediano y largo plazo.

Por: Diego Fernando Montaña, analista del área de Investigaciones Económicas.